Por que SÍ hay alternativas.

Este 1º de Mayo es un día propicio para refrescar la memoria rememorando la dura lucha que a lo largo de más de un siglo, la clase trabajadora viene manteniendo en defensa de sus derechos y también para dar rienda suelta al corazón y dejar que broten los afectos, sin complejos añadidos de fechas mercantilistas, que en un día como hoy, sentimos y expresamos por todas las madres.

Cerebro y corazón. Ideas y sentimientos, en una intensa jornada, en la que las horas de la mañana plenas de reivindicaciones sindicales, ver manifiesto de la UGT y de reflexiones políticas, ver manifiesto del PSOE, suceden las celebraciones familiares de la tarde, salpicadas de conversaciones que no pueden abstraerse del contexto económico y social en que vivimos y que abren camino a la preocupación compartida, con varios familiares se ha quedado sin empleo, y a la perplejidad, cuando se comenta la inminente suspensión de pagos de esa boyante empresa en la que trabajan media docena de conocidos, así, comentario tras comentario, constatas los cercanos por qués que dan imagen a esas cifras que rondan los cinco millones de personas desempleadas.

Si todo ello resulta preocupante, lo es más, la percepción de desánimo, desconfianza y de incertidumbre que ha hecho presa en un, cada día más amplio, sector de la población, que ve con creciente hastío como de forma machacona los voceros de los poderosos esgrimen en los medios de comunicación toda suerte de propuestas inservibles y argumentos caducos cuya única efectividad consiste en hacer recaer, en forma de ajustes y recortes sociales, todos los esfuerzos para salir de la crisis sobre las ya mas que cargadas espaldas de la clase trabajadora.

Mientras, los poderes públicos, nuestros representantes legítimos, elegidos democráticamente, ven fuertemente condicionadas sus decisiones por los mercados, o lo que es lo mismo por los poderes económicos y financieros, mostrando en ocasiones su impotencia para gestionar autónoma y eficientemente la “res pública” en beneficio del interés general. Estas situaciones producen en la ciudadanía una grave desafección hacia la política, en la medida que percibe a sus representantes más como meros apéndices del poder económico financiero que como representantes suyos, lo que abre paso a la resignación, ”no se puede hacer nada” o la cómoda sentencia de que “todos los políticos son iguales”.

Lamentablemente, no gozan de mucha mejor consideración, en este momento, los agentes sociales. Los sindicatos constreñidos por sus estructuras a los ámbitos nacionales y segmentados por orientaciones ideológicas y corporativas encuentran más que serias dificultades para articular una estrategia que, en una economía cada vez más globalizada, les permita, al menos, ejercer el papel de representantes de los intereses de los trabajadores, en la imprescindible interlocución que deben establecer, frente a los representantes de los intereses de las poderosas empresas multinacionales y ante la toma de decisiones por parte de los cada vez más numerosos centros de poder transnacionales.

Si a ello añadimos que, resulta razonablemente impensable poder articular una estrategia sindical de éxito al margen de las legislaciones nacionales y/o sin tener en consideración la existencia de relevantes diferencias entre l@s trabajadores, incluso dentro de la Unión Europea, en función de las diversas condiciones de trabajo, jornada, retribuciones, formación, seguridad y salud, derechos sindicales, pensiones, fiscalidad. etc. en que desarollan su actividad laboral, resulta fácil de entender por qué, la acción sindical se centra más en mantener los derechos existentes e impedir ó modular la pérdida de los mismos que en generar otros nuevos, no menos necesarios, en el marco de una alternativa global.

Dicho todo lo anterior y desde una perspectiva de izquierda, la ciudadanía en su conjunto y la clase trabajadora en particular, no debiera permitirse la frivolidad de prestar oidos a los cantos de sirena de populismos más o menos rancios, ni caer en la resignación ni en el pasotismo, ( del que es buen ejemplo el Sr. Rajoy ), mas bien al contrario, pocas son las ocasiones como ésta, en la que resulta tan necesaria la unidad de las fuerzas progresistas y lo digo desde la izquierda, por que desde la derecha, sus dirigentes no tienen más estrategia frente a la crisis que contribuir a mantener bajo sospecha la situación de la economía española e incluso apostar, (como ya se puso de manifiesto en mayo de 2010, optando por que España fuera objeto de "rescate"), de forma permanente por el “cuanto peor mejor”, ya que, presumen que esa desgraciada situación puede llevarles a ellos al poder, aunque ello significase llevar al desastre a la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Por eso, en días como hoy, es más que pertinente subrayar la primacía de la política sobre la economía, la libertad sobre la esclavitud, la utilidad pública sobre los intereses privados y el estado de bienestar sobre el mercantilismo barato. Buscar sin complejos las causas y los responsables de la crisis y obrar en consecuencia sin medias tintas o componendas de oportunidad, conscientes de que SÍ hay alternativas, aunque los periódicos, las radios y las televisiones, olvidando su condición de servicio público, no dediquen muchos tiempo o espacio a difundirlas.

Pese a todo, queda margen para la esperanza y el optimismo, en la medida de que cada vez somos más los ciudadanos y ciudadanas que, bien sea como miembros de un partido, socialista como es mi caso, o sin adscripción partidaria pero sintiéndose miembros activos de una ciudadanía consciente, entendemos que nuestra tarea política consiste en compartir el conocimiento, pensar y ver que existen alternativas y construirlas solidariamente con todas las fuerzas de progreso y llevarlas a la práctica con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía.

En esa tarea, me siento cada día más comprometido. Es una tarea de tod@s, así lo entendió también el articulista e historiador Toni Judt , (Londres, 2 Enero 1948 / Nueva York, 6 Agosto 2010),: “La mejor manera de medir el grado de esclavitud en el que una ideología mantiene a un pueblo es la incapacidad colectiva para imaginar alternativas”. (1). Aunque solo fuera por esa sola razón, merece la pena decir: SÍ, HAY ALTERNATIVAS.

¡Otro mundo mejor es posible!

Notas:

Cartel de la UGT. Conmemorativo del 1º de Mayo de 2011.

(1). "El Refugio de la memoria". Editorial Taurus. Madrid. Marzo 2011

Urge una solución para el Sáhara Occidental.

Por una solución justa, duradera y ajustada a la legalidad internacional.

Los Intergrupos Parlamentarios “Paz y Libertad para el Sáhara Occidental”, formado por diputad@s de todos los grupos políticos con representación en los Parlamentos Autonómicos, nos reunimos en Valladolid, los días 12 y 13 de febrero de 2001, en la sede de las Cortes de Castilla y León.

La XV Conferencia, inaugurada por el Presidente de las Cortes de Castilla y León, D. José Manuel Fernández Santiago, contó con la intervención y participación del Delegado de la RASD, D. Bucharaia Hamudi Beyun, el Presidente de las Instituciones Solidarias D. Carmelo Ramirez Marrero y del Secretario de la Asociación Internacional de Juristas, D. Felipe Briones Vives y otras muchas personas que abordamos de forma amplia, rigurosa y muy participativa la grave situación en que se encuentra el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, la última colonia en África.

Una situación que data de hace treinta y seis años, en que los territorios del Sáhara Occidental son invadidos por Marruecos y de veinte años desde el alto al fuego, tras dieciséis años de guerra. Veinte años en los que la Comunidad Internacional a través de Naciones Unidas, a pesar de contar con la flexibilidad mostrada por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, ha sido incapaz de superar el obstruccionismo marroquí y materializar el cumplimiento de los acuerdos internacionales alcanzados.

En opinión de los participantes en la Conferencia, la situación ha empeorado con el paso del tiempo, agravándose de forma más progresiva en los últimos meses, pudiendo afirmarse que el riesgo de desestabilización en la zona es absolutamente real, como lo ha puesto de manifiesto el violento desmantelamiento del campamento de Agadaym Izk, levantado por 20.00 sarahauis en las afueras de El Aaiún y la represión desencadenada posteriormente por parte de las autoridades marroquíes.

Con su actitud, Marruecos ha ahondado la sima que les separaba de los saharuis. La convivencia es hoy mucho más difícil que ayer. Pero con su actuación en el campamento y la represión posterior ha conseguido también, por si alguien tenía alguna duda, que la propuesta de autonomía sea papel mojado, y no sólo para el Sáhara, sino para Marruecos, ya que la regionalización constituye una de las piezas básicas de la política de Mohamed VI. Y eso, también puede ser un factor desestabilizador.

En el mismo sentido resulta obligado poner de manifiesto que, cada día que pasa, se observa como el pueblo saharaui está perdiendo la confianza en la Comunidad Internacional ante la falta de perspectiva de un arreglo pacífico. Y empieza a pensar en que la solución sería volver a las armas de un modo u otro, lo que significaría añadir un muy importante factor de desestabilización a una situación ya grave de por sí.

De ahí que, nuestra histórica petición de una solución justa, duradera, acorde con lo establecido por la legalidad internacional para la resolución de los procesos de descolonización es, no sólo necesaria, sino también urgente.

La Comunidad Internacional no puede permanecer impasible ante lo que está sucediendo. Por que no sólo está en juego el respeto a la legalidad internacional, sino también evitar una futura desestabilización del Magreb. Los recientes sucesos en Túnez, en Egipto y en otros países árabes debieran servir de acicate para una actitud más activa en la cuestión saharauí.

Por todo ello los Intergrupos “Paz y Libertad para el Sáhara Occidental”, acordamos por unanimidad:

1.- Reafirmarnos en lo manifestado en las sucesivas declaraciones aprobadas hasta la fecha en cuanto se refiere al legitimo derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación mediante referéndum, como final del proceso de descolonización en el que aún está inmerso, y avalado por la legalidad internacional, e instar al conjunto de Instituciones Públicas españolas y a la Comunidad Internacional a trabajar para conseguirlo.

2.- Manifestar nuestro apoyo al Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui, y al Gobierno de la RASD, en sus esfuerzos para que lo previsto en las Resoluciones de Naciones Unidas se lleve a efecto de forma pacífica.

3.- Solicitar una investigación internacional sobre los sucesos acaecidos durante el desmantelamiento del campamento de Agadaym Izik y la posterior represión de la población saharaui e instar a la apertura del territorio del Sáhara Occidental a observadores internacionales. En este mismo sentido, instar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a incluir la vigilancia del respeto a los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, e instar a los Gobiernos de España, de Francia y al conjunto de la Unión Europea, a que exijan el respeto de los derechosa humanos en el territorio del Sáhara Occidental y condenen la actitud de Marruecos de obstrucción del proceso de investigación de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en dicho territorio. Apoyar también el trabajo del enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, Christopher Ross, en sus esfuerzos para lograr un acuerdo justo entre las partes, y respetuoso con la legalidad internacional.
Exigimos al reino de Marruecos la liberación inmediata de los presos de conciencia Saharauis.

4.- Instar al conjunto de las Instituciones Públicas españolas a continuar el apoyo solidario a los campamentos de refugiados cercanos a Tinduf, máxime en estos momentos de graves dificultades económicas.

5.- Establecer como prioridad para la acción de los Intergrupos en este año 2011 el apoyo a la población saharaui de los territorios ocupados a través del envío de misiones de observación y de la canalización de ayuda de cooperación.

6.- Hacer un llamamiento al Gobierno de España y al conjunto de Instituciones Públicas del Estado, para que refuercen su implicación, como potencia colonizadora de iure, en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y lidere, junto a Naciones Unidas la búsqueda de una solución justa, duradera, acorde con la legalidad internacional, pero, a día de hoy, también urgente.

7.- Instar a la Unión Europea a colaborar en la búsqueda de la solución antes apuntada, a hacer efectiva la clausula del respeto a los derechos humanos establecida en el Acuerdo Preferencial con el Reino de Marruecos y a que los convenios sectoriales que establezca con el Reino Alahuí no afecten al territorio, ni a las aguas del Sáhara Occidental, ni a los derechos políticos y económicos del pueblo saharaui, ni en general a sus recursos naturales, y especialmente a la pesca.

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Nota: La fotografía corresponde al edificio de las Cortes de Castilla y León.

Paz y Justicia para el pueblo saharaui.

Bajo el auspicio de la ONU, tuvo lugar en Greentree (a las afueras de Nueva York), una nueva reunión de las delegaciones del Frente POLISARIO y del Reino de Marruecos, a la que también asistieron como observadores Argelia y Mauritania, en su calidad de países vecinos. Esta ronda de negociaciones informales concluyó, el sábado día 18, sin progresos, aunque con el compromiso de reunirse de nuevo el 21 y 22 de enero y en otra fecha de marzo, aún por determinar, poniendo con ello de manifiesto que, pese a la grave situación existente en los territorios del Sáhara Occidental, ambas partes mantienen abierta la vía del diálogo político.

Valoración coincidente con la expresada por Christoper Ross, enviado especial de la ONU, en el sentido de que " las negociaciones informales han puesto de manifiesto las fuertes diferencias existentes, “ya que cada parte ha seguido rechazando las propuestas de la otra como base única de las negociaciones futuras", reiterando la delegación de Marruecos que la única salida realista a 30 años de conflicto es su propuesta de autonomía y la delegación del POLISARIO insistiendo en la celebración de un referéndum en el que la independencia sea una de las opciones.

No obstante, Christoper Ross señaló que, tanto el POLISARIO como Marruecos se han comprometido a mantener "discusiones profundas sobre enfoques innovadores para construir una nueva dinámica de cara al proceso de negociación de 2011, sobre la base de reuniones regulares" y en ese sentido, "han propuesto ideas concretas que se desarrollarán en las dos próximas reuniones de conversaciones informales.

Asimismo, al final de la reunión, la delegación saharaui, emitió un comunicado señalando que también se abordaron los graves sucesos ocurridos, el 8 de noviembre, en el campamento protesta de Gdaim Izik, en el que se habían instalado unos 15.000 saharauis reclamando sus derechos económicos y sociales y del que fueron desalojados brutalmente por las autoridades marroquíes, lo que generó con posterioridad graves disturbios y situaciones de extrema violencia en el Aaiún.

El texto del comunicado coincide con lo expresado por varias organizaciones humanitarias, que constataron la vulneración sistemática de los derechos humanos de la población saharaui y con el contenido de la Resolución del Parlamento Europeo, del 25 de Noviembre de 2010, por lo que "de nuevo el Frente Polisario ha pedido la apertura de una investigación internacional de esos sucesos” y "el fin de las detenciones y los juicios arbitrarios, además de que se abra el territorio a la prensa internacional".

Christoper Ross, en su calidad de enviado personal del secretario general de la ONU, consideró importante subrayar el hecho de que, en poco más de un mes, esta es la segunda ocasión en que Naciones Unidas ha reunido a Marruecos y al POLISARIO, con la pretensión de poder avanzar en el proceso de negociación que permita alcanzar una salida pactada al conflicto, en ese mismo sentido, solicitó de las partes la creación de “una atmósfera de confianza, propicia al progreso de las negociaciones y a evitar lo que pueda perjudicarlas".

Como hecho positivo hay que resaltar que, ambas delegaciones abordaron el programa de medidas de confianza que dirige el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y confirmaron la reanudación de las visitas familiares por avión y como fruto de intensas gestiones políticas, “ el Frente Polisario, Marruecos, Argelia y Mauritania se reunirán con el responsable de Acnur en Ginebra, en un futuro cercano para analizar el plan de acción sobre las visitas familiares entre los campamentos saharauis y esos países, así como explorar la posibilidad de realizarlas también por vía terrestre".

A la intensa gestión política y diplomática a nivel internacional, hay que añadir en este asunto, ¡ojalá en todos!, el impulso y el apoyo social que la causa del pueblo saharaui recibe en toda España. Así, al día siguiente en diversas ciudades, entre ellas Gijón, la Asociación de Amigos del Sáhara, bajo el lema “Justicia y Paz para el Sáhara” y con el apoyo de las fuerzas políticas, sindicales y sociales, convocó una manifestación bajo el lema "Justicia y Paz para el Sáhara", en la que participamos más de un millar de personas junto con numerosos saharauis residentes en Asturias, reivindicando una salida justa y pacifica a la grave situación política y humanitaria que sufre injustamente el pueblo saharaui desde hace ya treinta y cinco años.

Es conocido por tod@s, como la situación se ha venido deteriorando a lo largo de los años, muy especialmente para la población saharaui que vive en los territorios ocupados por Marruecos, culminando recientemente con el desmantelamiento por la fuerza del Campamento Justicia y Dignidad en el que se habían instalado pacíficamente miles de saharauis para pedir la mejora de sus condiciones de vida y la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

La brutalidad del desmantelamiento generó con posterioridad graves disturbios en el Aaiún, produciéndose durísimos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, apoyada por fuerzas auxiliares del ejército, que han sacado a la luz la extrema gravedad de la situación en la que vive la población saharaui en los territorios ocupados, en permanente estado de tensión y sometida a una represión indiscriminada y a la violación de sus derechos humanos.

Situación ante la que, la sociedad asturiana muy vinculada social e institucionalmente con la causa del pueblo saharaui, no ha querido permanecer impasible y si por el contrario alzar su voz para condenar expresamente, ( a través de la lectura de un manifiesto), los gravísimos sucesos antes reseñados, así como la violación de la libertad de prensa y de información que han sufrido muchos periodistas europeos a los que se les ha impedido el acceso o expulsado de los territorios.

En esa misma línea, se solicitó que se atribuyan nuevas competencias a la MINURSO, (Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental) que le permitan asegurar el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados, a la vez que se le faculte para la realización de una investigación imparcial e independiente, tal como ya ha solicitado el Senado español, mediante una moción aprobada el pasado 1 de Diciembre.

Asimismo, se recordó que cualquier solución pacífica, justa y duradera del conflicto, pasa por la libre expresión de la voluntad del pueblo saharauí, y en ese sentido se solicitó del Gobierno de España que siga desplegando activamente su papel a nivel internacional, con el fin de conseguir la celebración del referéndum tantas veces aplazado por las maniobras obstruccionistas del país ocupante.

En consecuencia y a la vista de los hechos, ante cualquier observador medianamente objetivo, se pone de manifiesto que la salida a tan grave y compleja situación, exige de las partes en conflicto un importante esfuerzo que les permita alcanzar, dentro del marco de respeto a la legalidad internacional, un acuerdo justo, pacífico y duradero que con la imprescindible olaboración de Argelia y Mauritania garantice también la estabilidad geopolítica de la zona.

Por todo ello, resulta esencial que se agilicen, intensifiquen y potencien, aún más, las políticas activas de mediación, como la que está realizando Christopher Ross con el intenso y generoso apoyo del gobierno de España, a las que bien vendría añadir una más amplia y directa colaboración de Francia y EE.UU. y la implicación de instituciones como la U.E y la OUA, en la idea de que todos los esfuerzos serán necesarios si de verdad se pretende resolver este grave problema.

No conviene olvidar bajo ningún concepto que esta acción política debe ir necesariamente acompañada de la defensa insobornable de los derechos humanos y de la condena, de cualquier violación de los mismos, sin paliativos de ninguna clase, por lo que resulta imprescindible la exigencia de responsabilidades tanto a los autores de los hechos como a las autoridades que pudieran haberlos instigado o tolerado, a la vista de informaciones como las que refleja el informe de Amnistía Internacional “Derechos pisoteados en medio de protestas, violencia y represión”.

Para finalizar, compartir con tod@s vosotr@s las palabras de agradecimiento que me han hecho llegar destacados miembros de organizaciones de defensa de la causa saharaui e incluso personalmente como me dijo un saharaui, "gracias a nuestros hermanos socialistas" por la constante y generosa ayuda que desde el Partido, el Parlamento de Asturias y muchos Ayuntamientos venís prestando a la causa del pueblo saharaui.

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Los Derechos Humanos y el Campamento de la Dignidad.

Tras cinco meses de licencia vuelvo a escribir un post en el blog, en este caso, dedicado a un tema con el que me siento particularmente identificado y que ya he tratado en otras ocasiones, como es la grave situación en que se encuentra el pueblo saharaui y la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y que de nuevo saltan a la actualidad informativa con los trágicos sucesos de El Aaiún.

Así, las buenas palabras del enviado personal del secretario general de la ONU, Christopher Ross, sobre "la necesidad urgente de aligerar la tensión y evitar cualquier cosa que pueda complicar el avance de las negociaciones" entre Marruecos y el Frente POLISARIO, no han sido suficientes para impedir la represión sobre los miles de saharauís que han dejado sus casas en el Aaiún y como protesta pacífica se han instalado en más de mil jaimas en las afueras de la ciudad, en defensa de sus derechos y de su dignidad como pueblo y como denuncia de las cada vez peores condiciones sociales y económicas en que sobreviven.

En ese contexto, el pasado día 24 de Octubre, a las afueras de El Aaiún, cuando viajaba en un vehículo, junto con otras personas, varias de las cuales resultaron heridas de gravedad, el niño de 14 años Elgarbi Nayem Foidal Mohamed Sueid, fallecía víctima de los disparos de las fuerzas marroquíes que impedían de esta forma brutal que se uniera a su familia en el Campamento de la Dignidad Agaydam Izik.

Hechos reprobables y de todo punto injustificables que al no corresponder a un comportamiento puntual y aislado, no hace sino acrecentar la preocupación, de la ciudadanía española y en particular la asturiana, por la creciente vulneración de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

De ahí que en el día de ayer, por acuerdo unánime de todos los grupos políticos, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias expresase ante la grave situación existente en el Sáhara Occidental :

- Su enérgica condena a cualquier ataque contra la protesta pacífica de los saharauis a las afueras de El Aaiún.

- La necesidad de que se realice una rápida investigación para depurar la responsabilidad penal de los autores de este asesinato.

- Instamos a la ONU, a la UE y al Gobierno de España a que asuman sus responsabilidades en defensa de la legalidad internacional, por el respeto a los derechos humanos y civiles y a favor de la salvaguarda de las vidas humanas.

Hacer de la necesidad, virtud.

En el contexto de la crisis financiera internacional que ha generado graves dificultades económicas en todo el mundo, la mayoría de los países más desarrollados se han visto obligados a intervenir mediante la aportación de ingentes cantidades de dinero público, inicialmente, para garantizar la solvencia de las instituciones financieras y posteriormente para tratar de mantener la actividad económica y el consumo y en la medida de lo posible contribuir a paliar las graves consecuencias que la pérdida del empleo supone para millones de personas.

Este extraordinario esfuerzo económico unido al fuerte descenso de los ingresos públicos, han provocado un gran impacto sobre las finanzas públicas, desequilibrándolas rápidamente de forma muy significativa, hasta tal punto, que ha obligado a una acción concertada de los países de la Unión Europea en defensa de la Unión Monetaria y de la economía de los países de la Eurozona.

Esa acción concertada, se materializa en el caso de España, con el compromiso por parte de su Gobierno, en limitar al 3% del P.I.B. el déficit conjunto de las Administraciones Públicas para el año 2013 como premisa fundamental para afianzar la recuperación económica sobre unas bases sólidas y sostenibles y “dar confianza a los mercados”.

No voy a entrar en el análisis de las medidas recientemente adoptadas (incluida la subida del I.V.A.), ni si son o no las más adecuadas para afrontar la situación, me basta con comprender que son unas medidas obligatorias, coherentes y necesarias para mostrar al resto de los países la capacidad del Gobierno de España para controlar el déficit y garantizar la solvencia del país.

Por eso, no me extraña que el PP se opusiese a ellas. Para los irresponsables dirigentes de ese partido, lo importante no es resolver los problemas de la economía española, que en su conjunto poco les importa, sino aprovechar la oportunidad de desgastar al gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Todo ello no es óbice para que, desde una perspectiva progresista y a través del análisis racional y objetivo de los datos, las medidas adoptadas me parezcan insuficientes, en la medida que afectan mayoritariamente al gasto (reducción de 1,5 % anual cuando el déficit actual supera el 10%) y faltas de equidad, ya que hacen recaer una parte sustancial del ajuste del gasto sobre las rentas medias y bajas ( empleados públicos, pensionistas, dependientes, etc.) y que unido al incremento del I.V.A., de gran incidencia sobre la rentas bajas, pone en evidencia el olvido, en el capítulo de ingresos, de la adecuada contribución de las rentas más altas al sostén de las finanzas públicas.

En línea con estas premisas, insuficiencia de ingresos y falta de equidad, el 12 de Mayo, el Pleno de la Corriente de Opinión de Izquierda Socialista de Asturias planteaba a la Coordinadora Federal, la propuesta de que, “ por razones de equidad fiscal y de cohesión social, se hace imprescindible que el Gobierno establezca como prioridad, combatir más eficazmente el elevado fraude fiscal, que ya supera el 20% del P.I.B”.

Una propuesta que subrayo, por su gran calado social y económico, en la medida que hace especial hincapié en la necesidad de “hacer pagar a quienes debiendo pagar, no pagan” y de cuya aplicación efectiva depende, un más que sustancial aumento de los ingresos. (Sirva como referencia del crecimiento del fraude que la recaudación ha descendido en dos años (del 37% al 31% del P.I.B) volviendo a los niveles de la década de los 90.

Bajo ese planteamiento no cabe ajustar el déficit por la vía del gasto, hasta el extremo de reducir significativamente o eliminar las partidas económicas imprescindibles para financiar las obras en ejecución de las grandes infraestructuras y los proyectos y programas de I+D+i orientados al cambio de modelo productivo. No es menos cierto y en este caso más que necesario que, todo planteamiento basado en criterios generales de eficiencia debe llevar como condición inherente, la mejora en los niveles de eficiencia en la gestión de los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales.

El plantear una limitación al decrecimiento de las inversiones conlleva necesariamente, para no generar desequilibrios, a un incremento de los ingresos que entiendo más eficiente y en consecuencia, en estos momentos, más acertado, en la medida que el aumento de los impuestos, ya diré luego sobre qué y quienes, es menos contractivo que un recorte del gasto. Me explico, el sector público aumenta la demanda pública en la cuantía de lo recaudado, mientras que el "sector privado" sólo se contrae en la cuantía que se incrementa el impuesto, ya que el resto lo cubrirá un menor incremento de la tasa de ahorro.

Con este planteamiento, evidentemente, al "sector privado" al que refiero es el de las rentas más elevadas, en las que su tasa de ahorro resulta significativamente superior a la la tasa de consumo. De ahí que, la falta de equidad de las medidas, a las que me refería al principio debe corregirse, como ya queda dicho luchando eficazmente contra el fraude fiscal, para que paguemos tod@s, y aumentando los impuestos sobre las rentas y patrimonios más altas para que pague más, quien más tiene.

Dicho todo lo anterior, el reto que se plantea es ¿Cómo aumentar los impuestos sobre los patrimonios y las rentas más elevadas?, teniendo en cuenta las premisas de conseguir la suficiencia económica de las cuentas públicas y la equidad fiscal.

A medio plazo, mediante una tarea que nos incluye tod@s, generar en la ciudadanía la corresponsabilidad fiscal, hablando en plata, que “el defraudador fiscal no esté nada bien visto”. Otra tarea, esta para los legisladores y gobernantes, la profunda modificación del sistema fiscal en base a la suficiencia financiera para la prestación de los servicios públicos y la equidad fiscal de los contribuyentes, además de que, entre otras cuestiones, tenga muy presente el envejecimiento de la población.

A corto plazo y tomandor como referencia la resolución de Izquierda Socialista de Asturias - PSOE las siguientes medidas:

1. Recuperar el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo, garantizando la equidad y eficiencia del impuesto o alternativamente mediante otra figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria.

2. Modificación del IRPF haciéndolo más progresivo, en especial para los tramos más altos. En ese sentido parece adecuado incrementar tanto el tramo Estatal como el Autonómico, eso si, teniendo especial cautela ya que los elevados niveles de fraude lo han reducido a poco más que un impuesto sobre las rentas del trabajo por cuenta ajena.

3. Establecer un tratamiento igualitario de las rentas del trabajo y del capital, integrando los rendimientos del capital en la base general.

4. Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro y de sobreimposición para las operaciones especulativas a corto plazo.

5. Modificaciones que cierren las vías de elusión fiscal a los diversos instrumentos de inversión (Fondos, SICAV, etc) de modo que tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios y factores de riesgo.

6. Elevar la fiscalidad de las empresas con grandes beneficios y escasos niveles de reinversión. Modificar sustancialmente el impuesto de Sociedades para evitar que las rentas más elevadas lo utilicen para no pagar sus impuestos personales. Eliminar las deducciones “incentivadoras” que son sumamente onerosas para el erario público y en la mayoría de los casos de nula efectividad social.

7. Incremento de impuestos sobre las ventas de alcohol, tabaco, por sus efectos perniciosos para la salud y su incidencia en el gasto sanitario y la creación de tasas verdes o impuestos ecológicos bajo el criterio de "quien contamina paga y además repara".

8. Crear un impuesto temporal sobre los beneficios de las instituciones financieras, como causantes de la crisis y ahora beneficiarias de las ayudas públicas, o alternativamente imponer la compra de un porcentaje de deuda pública, como garantía de sus reservas y mitigar los movimientos especulativos a la vez que contribuyen al saneamiento de las finanzas públicas.

Hay pues un margen más que suficiente, ( la presión fiscal en España es del 31% del PIB frente a una media europea del 42%), para incrementar selectiva y prioritariamente la presión fiscal sobre las rentas y patrimonios más elevados, para que así, de una vez por todas, sea el conjunto de la sociedad en función de sus recursos y capacidades y por razones de equidad fiscal y de cohesión social, la que afronte solidariamente el necesario e ingente esfuerzo que es necesario realizar para dar alternativas y responder eficazmente a los grandes retos de la nueva sociedad, a la vez que se siguen manteniendo y garantizando los pilares básicos del Estado del Bienestar.

En definitiva, una buena ocasión para que el gobierno socialista haga de la necesidad, virtud.

Nota: Este articulo está basado en la resolución del Pleno de Izquierda Socialista de Asturias del 12 de Mayo de 2010.

Fotografía: El autor, junto al euro, en plena tormenta veraniega. Agosto 2009.

Día Internacional de l@s Trabajador@s.

¡Viva la Internacional!

El Día Internacional de los Trabajadores tiene lugar por vez primera en España y en otros muchos países en 1890, como consecuencia del acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, al que asistió Pablo Iglesias.

Desde entonces, es una jornada de lucha reivindicativa por los derechos de los trabajadores y en homenaje a los mártires de Chicago que, en 1986, fueron condenados a muerte y a largas penas de prisión, por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas.

Era el final del siglo XIX y los albores de la Revolución Industrial en la que millones de hombres, mujeres e incluso niños debían realizar doce o más horas de un trabajo agotador, en la mayoría de las veces en condiciones insalubres y peligrosas para recibir un salario escaso que les permitiera seguir malviviendo en condiciones infrahumanas.

Viene a cuento esta larga y conocida introducción por que pretendo resaltar el carácter internacionalista, del 1º de Mayo, y poner de manifiesto el gran avance social que supuso la implantación, con grandes esfuerzos y sacrificios, de las ideas del movimiento obrero en el seno de la clase trabajadora.

Ciento veinte años después, en plena globalización económica, financiera, industrial, comercial y cultural e inmersos en la sociedad de la información y el conocimiento, resulta preocupante que los trabajadores asalariados, por cuenta propia, empleados públicos, cooperativistas, emprendedores, pequeños empresarios, profesionales, etc., no seamos capaces de articular el “nuevo movimiento obrero para la nueva sociedad”.

Digo que resulta preocupante, por que cada día que pasa, se constata la imperiosa necesidad de articular eficazmente la sociedad civil para hacer causa común en defensa del estado del bienestar y frente a los intereses de las grandes multinacionales y corporaciones mundiales que condicionan, (influyendo interesadamente y en su exclusivo beneficio), las políticas que pretenden desarrollar los gobiernos democráticos, a la vez que tratan de limitar, cuando no reducir, los derechos que tenemos como trabajadores, consumidores y usuarios.

Por eso resulta imprescindible, tal vez hoy más que nunca, reforzar el papel de las instituciones y organizaciones internacionales, tanto políticas como sindicales, culturales, sanitarias, comerciales, económicas, financieras, etc., potenciando su carácter universal e implantando mecanismos que fomenten la participación y faciliten su control democrático por la ciudadanía y sus representantes, de modo y manera que se garantice que la orientación de las políticas y la aplicación de los programas tengan como objetivo prioritario el servicio al conjunto de la sociedad.

¿Qué quiero decir con todo lo anterior?. Con otras palabras, lo siguiente:

Que en España, el primer objetivo es crear empleo decente, estable y con derechos y mantener la protección social. Por ello, es necesario fomentar la igualdad de oportunidades a través de la educación y la formación. Potenciar la actividad económica implementando políticas proactivas en la prestación de los servicios y favoreciendo la colaboración pública-privada. Transformar el actual modelo económico en otro más productivo, innovador, eficiente y sostenible, mediante el desarrollo de políticas públicas y de inversión productiva que favorezcan el desarrollo y la cohesión social y territorial.

En el marco de la Unión Europea, deben de establecerse políticas comunes que garanticen los sistemas públicos de protección social, manteniendo el nivel de los estándares que definen el Bienestar Social y el modelo social europeo. Reforzar el papel de un gobierno económico europeo, que permita establecer por el conjunto de la UE, y no solamente por Alemania y Francia, políticas de salvaguarda y articular respuestas efectivas y coordinadas frente a los ataques especulativos a las economías de los estados miembros y/o contra el euro. Avanzar en la cohesión social, corrigiendo las desigualdades en la protección social de la ciudadanía europea y en los derechos de l@s trabajador@s. Establecer criterios homogéneos en materia de fiscalidad y de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Incrementar sustancialmente los fondos del Presupuesto de la Unión para hacer posible la materialización de los objetivos descritos.

En el ámbito global, establecer acuerdos de carácter económico y comercial que favorezcan el comercio justo y la producción y consumo de bienes y servicios generados con pleno respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Priorizar, mediante medidas legislativas, económicas y fiscales el desarrollo de la economía productiva. Regulación, supervisión y control de los fondos especulativos y las transacciones financieras que contribuirán con sus impuestos a la consecución de los objetivos del Milenio y la lucha contra el cambio climático.

Para finalizar y a riesgo de ser tildado de ingenuo pienso que, ciento veinte años después, no nos debemos de conformar con menos, y por ello me parece razonable reivindicar y luchar por un mundo más justo, en el que sean plenamente vigentes los derechos humanos y los valores de la libertad, igualdad, paz, democracia, justicia y solidaridad.

Nota: La imagen corresponde al Cartel de la UGT 1º de Mayo 2010.

BANDA ANCHA, LIBERTAD, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

En el marco de la Presidencia española de la UE y con la asistencia y participación de destacados políticos y empresarios europeos, se ha presentado en Madrid el Informe “Estrategia Europa Digital. Contribución de la sociedad industrial a la Presidencia española”, elaborado por las asociaciones empresariales europeas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Un hecho que me parece especialmente relevante tanto por la génesis de su elaboración como por el propio contenido del Informe y las intervenciones realizadas con ocasión de su presentación.

El Informe, coordinado por Enrique Barón, Presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, cuyo texto en inglés y resumen ejecutivo en castellano (pág. 8-12) es accesible en http://www.mityc.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/documents/final%20report%20(brochure_spanish_presidency_14-12-10_web).pdf será distribuido oficialmente a los Estados miembros de la Unión, a la Comisión y al Parlamento Europeo.

El documento, elaborado a petición del Gobierno de España, recoge las prioridades y una serie de recomendaciones y propuestas que servirán de base para elaborar la Estrategia de Granada 2010-2015, heredera de la actual i2010, que será presentada en la reunión de ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, los días 19 y 20 de Abril en Granada.

Es de resaltar que, por primera vez, la Presidencia de la UE ofrece al sector empresarial de las TIC la posibilidad de transmitir sus demandas a los responsables políticos, aunque me hubiera gustado mucho más que, esa acertada iniciativa, también hubiese incluido a los institutos tecnológicos, sindicatos y organizaciones de usuarios, cuya participación activa es muy necesaria para poder alcanzar los objetivos de la Presidencia Española en esta materia, y muy especialmente la Carta Europea de los Derechos de los Usuarios, el impulso de las redes de nueva generación y la potenciación de la seguridad.

Miguel de Sebastián, Ministro de Industria, en su intervención, subrayó que la nueva agenda digital -"Estrategia de Granada"- será el pilar de la estrategia 2020 de coordinación de la política económica de la UE, lo que pone de manifiesto el relevante papel que el gobierno socialista concede a las TIC, como instrumentos claves para mejorar la productividad de las empresas, el bienestar y calidad de vida de las personas y la cohesión social y territorial en Europa, reforzando así su protagonismo en el diseño e implementación de un nuevo modelo de crecimiento económico más eficiente y sostenible basado en la Sociedad del Conocimiento.

En esa misma línea incidió Enrique Barón que, en su intervención, señaló la necesidad de llevar a cabo una "reflexión profunda" sobre un sector que en 2008 obtuvo unos ingresos totales de 718.000 millones de euros, invirtió 35.000 millones de euros en investigación y desarrollo, incide directamente en el 40% de la productividad europea y emplea a más de 6 millones de personas.

Un sector que, en un momento de grave crisis económica y de creación de empleo, tiene un potencial de crecimiento de un millón de empleos y de incrementar la actividad económica hasta 849.000 millones de euros en 2015, gracias a la innovación en banda ancha. No obstante advirtió del riesgo de que Europa se quede “rezagada" en su desarrollo tecnológico frente al avance de otro países como Japón, China o India. y ha recordado que se crean 33 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos en estas tecnologías.

Erkki Ormala, Presidente de la patronal europea de tecnologías Digital Europe, tras expresarse en términos similares a los anteriores, hizo especial hincapié en la importancia de las TIC en el medio ambiente, ya que su aplicación y difusión son muy importantes para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética de los procesos, de modo que nos permita alcanzar los objetivos de reducción del efecto invernadero en Europa.

Asimismo, Erkki Ormala, señaló la importancia de la formación continua para los trabajadores del sector TIC y la conveniencia de reformar el sistema educativo, adaptándolo a las necesidades específicas del Sector TIC. El Informe también recoge la necesidad de formar a los usuarios en tecnologías de la información y el desarrollo de nuevos servicios dirigidos a las personas dependientes y/o con discapacidad.

Tomando la banda ancha, (que ya cuenta con 114 millones de usuarios en la UE) como “espina dorsal”, la industria europea de las telecomunicaciones pide a la UE que adopte una serie de medidas que incentiven la inversión en estas redes, cuyo desarrollo, mayor penetración e innovación generaría una extensa infraestructura para la prestación de nuevos servicios y la creación de un millón de nuevos empleos.

Nuevos servicios que, en concreto, incidirían en siete áreas clave en las que es preciso una acción urgente para que Europa se beneficie plenamente y obtenga ventajas competitivas con el uso las TIC: Productividad y Crecimiento, Sostenibilidad, Contenidos Creativos Digitales, Confianza, Participación para Tod@s, Acceso al Mercado y Reducción de Cargas Administrativas.

Otro de los aspectos más relevantes del Informe, se refiere a la industria europea de contenidos y a la necesidad de crear un mercado único para la propiedad intelectual. Este planteamiento, de llevarse a cabo, hace imprescindible una profunda reforma en la legislación de los derechos de autor en Europa y el desarrollo de mejores prácticas en la emisión de licencias europeas para que el derecho de la distribución de contenidos no se limite a un sólo país.

En ese sentido, representantes del sector precisaron que aun reconociendo la importancia de los derechos de autor para financiar la creación de contenidos, es indispensable revisar los gravosos y desfasados regímenes de canon por copia privada, así como promover una mayor transparencia y responsabilidad de las sociedades de gestión colectiva de derechos.

El Informe indica que la mejor forma de luchar contra la piratería es favorecer un acceso razonable a los contenidos y facilitar la prestación de los servicios así como la conveniencia de armonizar los derechos de los consumidores en Europa e incrementar, en este contexto, la tipificación de delitos y las sanciones contra los mismos.

Aunque posteriormente, en rueda de prensa, los representantes empresariales explicaron que el planteamiento trata de armonizar las sanciones penales y las acciones civiles para proteger a los consumidores, es imprescindible y muy importante seguir de cerca este planteamiento, a tenor de las recientes modificaciones realizadas en Francia y otros países de nuestro entorno.

En ese sentido, cobra especial relevancia el recientísimo Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos que señala que las leyes de tres avisos "son altamente intrusivas en la esfera privada de los individuos" y "entrañan un control generalizado de las actividades de los usuarios de internet, incluidas las que son perfectamente legales". Tras calificar esas leyes como “desproporcionadas” se declara “convencido de que existen soluciones alternativas menos intrusivas”.

Para finalizar reseñar que, junto a la elaboración de la Estrategia de la Europa Digital, la Presidencia Española plantea cuatro objetivos muy importantes, como son:

1. Carta Europea de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones Electrónicas, de características similares al aprobado en España.
2. Fomento del debate sobre la mejora de los indicadores de la Sociedad de la Información, ya que existe una gran disparidad de criterios en los datos y métodos utilizados por los organismos internacionales para la elaboración de los indicadores, lo que afecta de manera importante a su fiabilidad.
3. Crear un marco adecuado para el despliegue de redes de nueva generación, infraestructuras y servicios, para asegurar las condiciones económicas, jurídicas y de armonización que faciliten la inversión en esa infraestructuras en el ámbito de la UE.
4. Potenciar la seguridad de las redes, la protección de la propiedad intelectual en internet y la lucha contra la piratería.

En definitiva, el Informe generado a partir de una acertada iniciativa del Gobierno de España, pese a las limitaciones en la participación antes reseñadas, tiene un enorme valor político, social, económico y tecnológico, en la medida que sienta las bases y marca las pautas de elaboración de la “Estrategia de Granada”.

Europa. Una Tarea de Tod@s

Prácticamente finalizada la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo, y tras tener la oportunidad de asistir personalmente a numerosos actos del PSOE en Asturias y seguir, intensa y detalladamente, a través de los medios de comunicación e internet, muchas de las intervenciones de los líderes de las fuerzas políticas más relevantes, tengo la sensación de que está campaña ha estado orientada a otros objetivos muy alejados de la política europea, ya que la mayoría de sus protagonistas apenas han hablado de Europa e incluso ni tan siquiera de POLÍTICA, así con mayúsculas.

Así, nos han obsequiado, de manera machacona, con una serie de monólogos sucesivos, plagados de toda clase de reproches y descalificaciones que no tienen más base argumental que el “y tú más”, tarea en la que se mostrando especialmente activos los “oradores” del PP y otros partidos que parece no acaban de encontrar su “nuevo papel” en la oposición.

Unos y otros, han renunciando a exponer sus ideas europeístas (en caso de que las tengan) y se han dedicado a lo largo de la campaña a otros menesteres cuyos principales objetivos, si no únicos, han consistido en intentar el desgaste del adversario (gobierno central y autonómico – si procede) y al estímulo de la abstención (“ ya que son todos iguales”) a costa incluso del descrédito de la política.

Buenas muestras de ello han sido “el debate” protagonizado por los cabezas de lista del PSOE y del PP en Antena 3, en donde el Sr. Oreja no tuvo ningún empacho en encajar en el apartado de Políticas Sociales sus reproches sobre el GAL. Ahora bien, si lo comparamos con su esperpéntica comparación de la pederastia (un delito) con la interrupción del embarazo (un derecho), casi no habría nada que objetar respecto a “sus particulares ideas” sobre las Políticas Sociales.

Me llama también la atención que otro de los objetivos del PP sea que las acciones “presuntamente delictivas”, por las que están imputados dirigentes de ese partido en las Comunidades Valencianas y Madrileñas, se pretendan “convalidar” mediante un mayor o menor apoyo electoral a este Partido, una idea deleznable en democracia, máxime cuando los imputados no forman parte del cartel electoral .

En ese sentido, el Sr. Mariano Rajoy con sus intervenciones, en las que ha presentado al Sr. Camps como el más honorable de los ciudadanos valencianos, españoles, ¿europeos también? y mostrado su apoyo explícito al Sr. Fabra, no ha hecho otra cosa que contribuir al descrédito de la política. Por que él, es perfecto conocedor que uno y otro, con independencia de las decisiones que se tomen en el ámbito judicial, tienen un comportamiento público incompatible con la ética que debe guiar las acciones de un dirigente político democrático.

Por el contrario mucha gente, como el que suscribe, es de la opinión que lo importante es la construcción de la Unión Europea y que en consecuencia la ciudadanía española se juega mucho. Por que al igual que los ciudadanos y ciudadanas de los veintisiete estados miembros de la UE que han suprimido sus fronteras, integrado sus mercados y unificado (una mayoría) su moneda, vamos a decidir de forma Voluntaria y Democrática, el día 7 de Junio, el modelo económico, social y medioambiental que deseamos para este espacio público europeo que estamos construyendo.

Voluntaria, por que las instituciones nacionales están llevando a cabo continuas cesiones de soberanía hacia las instituciones europeas, hasta el extremo de que, por ejemplo, casi el 80% de la legislación que se aplica en España emana de las instituciones europeas y siete de cada diez de esas normas requieren el visto bueno del Parlamento Europeo. Un Parlamento, que ha ido ganando poder en las ultimas legislaturas y seguirá haciéndolo si el Tratado de Lisboa entra finalmente en vigor.

Democrática, por que el voto de cada ciudadano de la Unión Europea vale lo mismo, con independencia de la extensión o la riqueza del país en que reside, de su profesión, de su formación o de su renta personal. Un médico alemán, una maestra francesa, un jubilado belga o una peluquera italiana, tienen el mismo derecho a ser escuchados, ser electores y elegibles que un minero asturiano.

Por eso, era y es muy necesaria que esa voluntad democrática en la construcción europea tuviera un fiel reflejo en la campaña al Parlamento Europeo. Un objetivo que no se ha podido alcanzar plenamente, en la medida que el PP y otros partidos de la oposición, han tratado de aprovechar la ocasión con el único fin de castigar al gobierno, centrando todos sus esfuerzos en “agrandar ante el electorado los efectos de la crisis a nivel nacional".

Con ello, no han hecho otra cosa que mostrar a la ciudadanía su absoluta falta de perspectiva para afrontar la situación de una manera eficaz y el desenfoque de sus objetivos reales. No en vano, resulta más que evidente que nos encontramos ante una crisis global y no solamente española y que el resultado de las urnas trasciende el hecho nacional y sirve para situar en el Parlamento una mayoría progresista o conservadora.

Una mayoría parlamentaria que no resultará indiferente ante cuestiones como las políticas de emigración, el derecho al secreto de las comunicaciones en internet, las opciones energéticas en Europa, la liberalización de los horarios comerciales, la reforma del sector financiero, la reforma de la Política Agraria Común, los presupuestos y los fondos europeos a partir de 2014, la ampliación a 18 semanas del permiso de maternidad para las trabajadoras, la política de seguridad contra el terrorismo y las mafias organizadas, etc.

Si pese a todo lo anterior, algún elector se siente tentado de minusvalorar la importancia de las elecciones, por razones como: “de ellas no sale un gobierno propiamente dicho”, o “son un gran camelo” como dicen los euro-escépticos y los “pasotas”, seguramente me permitirá mostrarle algunos datos y ejemplos que le acercarán a conocer, algo más, la realidad europea.

El Parlamento aprobó y/o rechazó en pie de igualdad con el Consejo de Ministros de la UE (donde se sientan la representación de los Estados) 404 procesos legislativos, la decisión del Parlamento bloqueó que se pudiera generalizar en toda Europa la jornada semanal de 65 horas, modificó sustancialmente la liberalización del sector servicios, la mayoría de derechas del Parlamento aprobó, (lamentablemente y para vergüenza de quienes defendemos los Derechos Humanos), una Directiva que permite “retener” a un emigrante ilegal durante dieciocho meses, etc. .

En definitiva, a los candidatos/as y a los oradores/as de los mítines y debates políticos no les ha faltado materia más que suficiente para marcar con claridad y rotundidad sus posiciones políticas y las de los partidos políticos a los que representan. Buenas muestras de todo ello las hemos tenido en Asturias escuchando las intervenciones de los compañeros y compañeras socialistas y muy especialmente de Felipe González, Ramón Jáuregui y Josep Borrell que, centrándose casi exclusivamente en el hecho europeo, han puesto de manifiesto que “Europa si interesa”, cuando sobre ella, se expone con rigor, brillantez y de forma pedagógica todo un amplio compendio de argumentos e ideas que luego “sirven a los militantes” para reproducir en su mitin particular en el ámbito familiar, laboral y social o escribir en un blog, como también es el caso.

Así que, estimados amigos/as, no desperdiciemos la ocasión para influir directamente en la construcción de ese espacio público europeo, por que además de las razones ya dadas, esta oportunidad, (aparte del referéndum sobre la Constitución Europea y sobre la que nadie que yo sepa ha hablado), sólo nos la brindan a la ciudadanía cada cinco años.

Tod@s a votar el próximo domingo y llenar las urnas de votos socialistas para que el próximo Parlamento Europeo se convierta en fiel reflejo de una ciudadanía europea progresista y sea así capaz de construir un espacio público en que sea posible una sociedad más justa, democrática, libre y solidaria.

Se sabe casi todo... y casi nadie cuenta.

Este fin de semana, se celebró en el Parlamento de Canarias, Tenerife, la XIII Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios – Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui – que agrupa al conjunto de partidos con representación parlamentaria en el Congreso y en el Senado así como en los Parlamentos, Cortes y Asambleas autonómicas y que de forma unánime, sí unánime, acordamos hacer pública la DECLARACIÓN DE TENERIFE, un manifiesto de nueve puntos que, ante el habitual apagón informativo, os resumo a continuación.

La Declaración expresa su felicitación al Pueblo Saharauí y en su nombre al Frente Polisario – único representante legítimo de la voluntad del Pueblo del Sáhara Occidental, ya ha sido reconocido por ochenta y cinco países – por la capacidad de resistencia y de diálogo que ha demostrado frente a la injusticia a la que está sometido, a la vez que pone de manifiesto el incremento de las acciones de solidaridad y cooperación que numerosas instituciones públicas y privadas, partidos políticos y sindicatos, movimientos sociales, etc. vienen realizando, tal como se constata en las Conferencias de coordinación de apoyo al Pueblo Saharauí. (EUCOCO).

Valora positivamente el inicio de las rondas de conversaciones de Manhasset (relatadas en otros post), aun conociendo la intransigencia de la parte marroquí y la lentitud con la que se han desarrollado y los acontecimientos que han llevado a su paralización y a la sustitución del anterior enviado del Secretario General de la O.N.U., por lo que insta a la O.N.U., a través del Consejo de Seguridad y a la U.E. para que de forma urgente, implementen una acción efectiva que conduzca sin mayor dilación a un referéndum en el que el Pueblo Saharauí pueda decidir libre y democráticamente su futuro.

Asimismo se constata con consternación que, en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, se siga desatando la represión contra cualquier manifestación contraria a las tesis marroquíes. Siendo incontables las vejaciones que por este motivo sufren hombres, mujeres, personas mayores, niñas y niños, no consiguen impedir que aumente la resistencia popular y pacífica de la población.

En ese sentido, expresamos nuestras solidaridad a todas las personas que día a día ponen en riesgo su vida, su integridad física y sus bienes al manifestar públicamente su rechazo a la ocupación y a la injusticia. En consecuencia, se insta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la publicación de los Informes de la Comisión de Investigación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en coherencia con el mismo a intervenir de modo urgente y eficaz (ampliando las competencias de la MINURSO) para proteger los derechos fundamentales y la vida de la población saharauí en los territorios ocupados.

Asimismo, se insta al Gobierno Español a denunciar, (tal como ya ha hecho el Parlamento Europeo, en base al informe de la delegación Ad hoc que visitó en Enero los territorios ocupados en el que se subraya la gravedad de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental), el flagrante incumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos por parte de Marruecos en este territorio, recogiendo así el deseo expresado por la mayoría de las instituciones españolas.

Además, se exige a la Unión Europea a que respete la legalidad internacional en los acuerdos que pueda suscribir con el Reino de Marruecos, de manera que no afecten al territorio ni a las aguas del Sáhara Occidental ni a los derechos políticos y económicos del Pueblo Saharauí.

Las agencias humanitarias internacionales, la Media Luna Roja, las ONG´s constatan la grave crisis de abastecimiento de víveres básicos que sufre la población saharauí refugiada en los campamentos de Tinduf, y si bien se ha producido el incremento de la Ayuda Humanitaria por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y suscrito el acuerdo de apoyo al PAM (Programa Alimentario Mundial) y las ayudas de otras instituciones, (Junta General del Principado, etc), éstas, resultan insuficientes por lo que se hace un llamamiento al PAM , al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR) así como a los Gobiernos e Instituciones Europeas para que mediante una acción urgente eviten una catástrofe humanitaria que afectaría, fundamentalmente, a miles de niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores o enfermas.

Teniendo en cuenta que el alto al fuego entre las partes está en la base de las resoluciones de la O.N.U. que pretenden dar solución al conflicto, se insiste en la necesidad de que ni España ni ningún país de la U.E. vendan armamento al Reino de Marruecos en este momento tan delicado para el proceso, ya que ello perturba los esfuerzos de paz, y hacer pensar que pueden estar dándose pasos hacia la reanudación del conflicto bélico por parte de Marruecos.

Finaliza, reiterando nuestra abierta disposición a colaborar, desde el consenso y la cooperación, con los esfuerzos que el Gobierno de España realice para contribuir de manera eficaz a dar una solución justa y definitiva del conflicto político del Sáhara Occidental sobre la base de la legalidad internacional (que supone la consideración del tema saharauí como un proceso de descolonización) y el derecho inalienable del Pueblo Saharauí a poder elegir libremente su futuro, así como a seguir apoyando, desde nuestras instituciones, al conjunto de organizaciones que trabajan en los ámbitos de solidaridad y cooperación con el Pueblo Saharauí.

La Revolución de la Televisión .(1).

A MODO DE IDEAS SOBRE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.

Los numerosos e incesantes avances tecnológicos que están sucediendo y las adaptaciones del marco legislativo y normativo que se han de producir en el sector audiovisual, abren un amplio panorama de nuevas opciones y posibilidades que van a modificar profundamente el propio concepto de lo que hoy se entiende por televisión.

Digo esto, desde la apreciación personal y tras constatar que es una opinión generalizada en el seno del sector, tal como la reflejan el informe de la Fundación Telefónica sobre “La Sociedad de la Información en España 2007” y numerosos trabajos académicos y artículos publicados en los medios de comunicación.

Con este post, centrado en la Televisión Digital Terrestre, inicio una serie de comentarios sobre la televisión. Un tema de gran relevancia y que suscita cada vez más interés, en la medida que se acerca el 3 de Abril de 2010, fecha en la que se llevará a cabo el apagón analógico en toda España. Recordar que en muchos municipios españoles se producirá antes de esa fecha. Pulsar aquí, para ver el calendario.

Los últimos datos, (Octubre 2008), muestran que en España ya se han vendido 12,4 millones de sintonizadores y en lo que va de año más de 4 millones de receptores de TDT. La penetración de la TDT en los hogares sobrepasa el 38,8%, ( más de seis millones de hogares), destacando las Comunidades de Madrid y Cataluña, donde alcanza ya a la mitad de los hogares.

De ahí que, de forma cada vez más creciente e intensa, la ciudadanía demande la ampliación de la cobertura de la TDT, o lo que es lo mismo, la accesibilidad tanto a los contenidos de la programación de los canales digitales como a las nuevas formas de comunicación basadas en la interactividad y cuyas potencialidades tecnológicas, ( de un nivel superior al de las actuales operadoras de televisión por señal satélite - digital y cable), facilitan la difusión de novedosos contenidos y la oportunidad de acceder a múltiples vías de negocio.

Todo este proceso precisa, como requisitos indispensables, de una mayor seguridad jurídica y concreción en el marco normativo a medio y largo plazo, de forma que permita diseñar los proyectos, necesitados de cuantiosos recursos tecnológicos y económicos, con garantías ciertas de su viabilidad técnica y económica.

Ante este panorama, el gobierno socialista debiera trazar con rapidez, claridad y perspectiva de futuro las líneas directrices sobre las que el Sector Audiovisual pueda articular el desarrollo de estas nuevas formas de comunicación. En ese sentido, es necesario que el Ministerio de Industria elabore, a la mayor brevedad y con el consenso del Sector y de las Organizaciones de Usuarios, el Anteproyecto de la nueva Ley General Audiovisual y que incorpore la transposición de la Directiva Comunitaria en esta materia.

La Directiva admite diferentes modalidades de emisión de la TDT, entre las cuales, la más esperada y controvertida es la de “de pago por visión” que, a modo ilustrativo, equivale a hablar del antiguo Canal +. Esta modalidad supone dotar a los operadores de vías adicionales de financiación que pueden también favorecer un incremento en la calidad de los formatos y contenidos.

En el marco europeo existe una amplia variedad de tipos de abono. En Francia se comercializan tanto mini-paquetes de un solo operador como ofertas de “pack" de varios grupos y canales “premiun”. En el Reino Unido está generalizada la modalidad de televisión de bajo coste, con un nivel de calidad de la emisión entre la televisión en abierto y la de difusión por cable y que se comercializa preferentemente en paquetes de canales temáticos. En Italia, los televidentes disponen de un modelo de bajo coste a través de tarjeta de "pre-pago", con la que pueden adquirir paquetes de canales, una “parrilla” completa o solamente un programa (una película, un partido, etc.).

El aprovechamiento eficiente de la interactividad será uno de los factores más importantes que espreciso considerar, tanto desde el punto de vista de la prestación de servicios como de la generación de nuevas fuentes de ingresos a través de juegos, e-banco, e-comercio, e-formación, ofertas de empleo, información (meteorológica, deportiva, cultural, etc.). Asimismo resaltar que algunas televisiones ya ponen en práctica nuevas opciones, que consisten en la emisión de contenidos generados por el consumidor final, emulando la fórmula desarrollada por el portal You Tube.

De optar por la experiencia europea, a los canales de TDT en abierto se les añadirán otros de pago que, sin cerrarlos al público, convertirán parte de sus contenidos en premium, posibilitando así su convivencia con espacios en abierto. Esta nueva modalidad motivará a las cadenas a diseñar la parrilla con el objetivo final de seducir al televidente para que pague por ver ese espacio ofertado, un modo distinto al actual, en abierto, en el que prima la utilización de los contenidos como medio para llegar a los anunciantes.

La propia naturaleza de la TDT cuyo máxima potencialidad es la elevada oferta de canales,(el Plan Técnico Nacional contempla hasta 1.000 canales para toda España lo que hace factible una oferta real de medio centenar para muchas ciudades), fomentará necesariamente la búsqueda de la excelencia y la especialización de contenidos en diferentes canales generalistas y temáticos.

Unos canales que se diversificarán por su posicionamiento en varios segmentos (juvenil, familiar, etc.) orientados hacia la búsqueda de públicos por diferentes rangos (edad, sexo o género televisivo, etc.), en una oferta convergente con el actual banico de contenidos de los operadores de pago por señal digital y cable.

Algo que de hecho ya está ocurriendo con canales que, hasta hace pocos meses, sólo estaban disponibles en operadores de pago y que han dado el salto a la TDT en abierto con excelentes resultados de ”share” de pantalla. Sirvan de ejemplo Disney Channel o 40 Latino, colocándose el primero como líder de audiencia en temáticos en la Televisión Digital Terrestre.

Esta elevada fragmentación del espectro televisivo llevará aparejada una inevitable dispersión de la audiencia. Por lo que las actuales cuota de pantalla, de los canales analógicos, se reducirán notablemente hasta niveles de audiencia similares a los que hoy tienen los actuales operadores de pago.

Si se tiene en cuenta que el hábitat idóneo para las parrillas generalistas es la competencia entre pocos operadores, éstas, en un futuro próximo, dejarán de conformar la oferta más fuerte de la TDT, que se trasladará a los canales de segmento y temáticos, que si podrán cumplir el requisito de lograr elevadas cuotas de pantalla con alta competencia. Un cambio lógico, máxime si se tiene en cuenta que la programación específica permite una mayor reducción de costes y adaptar la gestión de contenidos a las condiciones variables del mercado.

El éxito de los canales de segmento y temáticos pasará así por definir un "target" potencial de audiencia y obtener la masa crítica de público que los haga atractivos para los anunciantes. Por todo ello y sabiendo que cada operador cuenta con cuatro canales entre los que fraccionar su oferta, razonablemente se optará por tres productos diversificados repartidos entre segmentados y temáticos y un sólo canal generalista.

Bajo estas hipótesis, los operadores privados de televisión, para maximizar la rentabilidad económica de sus inversiones, concentrarán la difusión de sus emisiones en las zonas más intensamente pobladas, produciendo un déficit de cobertura en las zonas menos dinámicas, dispersas, de orografía difícil y menor densidad de población y con ello, lo que aún es peor, restringirán de forma notable el acceso a los contenidos de mayor demanda (deportes, etc.) y calidad, (alta definición, etc.) que previsiblemente se ofertaran en “premiun”.

Por eso, desde una perspectiva social es obligado realizar las acciones que sean necesarias para modificar este previsible escenario, que ensancharía aún más la actual brecha digital; de ahí, que constituya una prioridad política la implementación y despliegue por todo el territorio de una red pública de reemisores, de manera que se asegure la difusión universal de la señal de los operadores públicos y se favorezca el despliegue de los operadores privados.

En ese sentido, es muy razonable que el desarrollo de “la red” se asiente en una intensa y eficiente colaboración pública privada que favorezca el uso compartido de infraestructuras, evitando duplicidades, de modo que la optimización de la gestión de los recursos facilite un despliegue amplio, rápido e intenso a la vez que se minimiza el impacto medioambiental.

Una colaboración pública privada que debe ser factible extender al uso compartido de medios técnicos, la elaboración y distribución de contenidos, el intercambio de información, etc., en la medida que supone un impacto positivo en la gestión y la estructura organizativa, profesional y funcional de las empresas. Un factor que se debe tener muy presente, teniendo en cuenta la creciente y progresiva merma de los ingresos por publicidad y el elevado déficit de las televisiones públicas.

Antes de concluir, poner de manifiesto que de poco o casi nada sirven las viejas recetas referidas a un modelo de televisión que ya es historia que, por mucho que se presenten bajo nuevos formatos, no dejan de ocultar los intereses “muy particulares” de unos grupos, cuya principal pretensión es seguir disfrutando de sus prebendas y mantener a toda costa su control oligopolista sobre el medio.

Confió que, tal como ya avanzó el ministro de Industria, Miguel de Sebastián, el Gobierno Socialista impulse, más pronto que tarde y en todo caso antes de finalizar 2009, la adopción de dos medidas normativas muy importantes para el desarrollo de la televisión:
* La Ley General Audiovisual que regule todo el Sector . Elaborada con una amplia perspectiva y teniendo como prioridades su sentido social y los nuevos avances de la tecnología y de los servicios.
* La creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como órgano independiente regulador del sector audiovisual.

En definitiva, es necesario y urgente redefinir la Televisión Digital Terrestre y orientarla al servicio de toda la ciudadanía.

¿65 Horas?. Ni de Coña.

Hace ya más de un mes que el Consejo de Ministros de Trabajo de la Unión Europea aprobó por mayoría cualificada, con la abstención de España y otros países, la modificación de la Directiva que permite la ampliación de la semana laboral por encima de las 48 horas. Esta Directiva que será debatida en el Parlamento Europeo el próximo mes de Septiembre, en caso de ser aprobada, permitirá a cada Estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 horas hasta 60 horas en casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos, vulnerando los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dado que el tiempo se computa como promedio durante tres meses, significa que las jornadas semanales podrán alcanzar hasta las 78 horas.

Una Directiva que ahora se modifica y que estaba paralizada desde hace tres años por la oposición de países como Francia, España e Italia, principalmente, que ejercían la minoría de bloqueo. Lamentablemente, el acceso de Silvio Berlusconi al poder en Italia, propició que este país fuera el primero en abandonar la defensa de este derecho social. Posteriormente, el presidente francés Nicolas Sarkozy y el premier británico Gordon Brown pactaron que si el Reino Unido apoyaba la reforma de las agencias de trabajo temporal, otra directiva que se discute paralelamente, Francia apoyaría el aumento de jornada. España, por el contrario, mantiene su oposición a la directiva. ( Un ejemplo a tener en cuenta para cuando nos vengan contando que no hay diferencia entre izquierda y derecha).

La posición de España, tanto en el Consejo de Ministros como en el Parlamento Europeo es clara y contundente. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, manifestó que la aprobación de la Directiva "supondría una regresión social" y Alejandro Cercas, eurodiputado socialista, considera que la directiva "supone un grave retroceso que convierte el derecho laboral europeo en un material de usar y tirar". "Es un precedente peligroso", añade, "que luego se puede aplicar a salarios y a condiciones de higiene y abre la puerta al dumping social". En su opinión, "dejar al trabajador que pacte a solas con el empresario es renunciar a toda la historia legal y de lucha social colectiva".

La modificación de esta Directiva que convertiría en norma europea el "free choice", vigente en el Reino Unido desde 1993, que permite que cada trabajador pueda pactar "libremente " , (como escribía recientemente en LNE un empresario" progresista" ) el tiempo de trabajo, constituye un durísimo ataque al movimiento sindical y un gravísimo retroceso para los derechos sociales de los trabajadores recogidos, desde hace ya 91 años, en la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una acción de este calado social y laboral no debe ni puede quedar sin respuesta por parte de los trabajadores europeos y las organizaciones sindicales, que conscientes de ello, ya están desarrollando a través de la red una serie de acciones, como la divulgación de las consecuencias que supondría la aprobación de la Directiva y manifestando el más contundente rechazo a la misma.

Así a nivel sindical, el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) manifestó su preocupación y rechazo por esta directiva que ataca directamente a la línea de flotación de la Negociación Colectiva y da un paso atrás en las conquistas sociales y en la Europa Social y acordó aprovechar el periodo de su tramitación, para iniciar una intensa campaña de rechazo y explicar la posición sobre la misma de los trabajadores europeos a los gobiernos nacionales, a los grupos parlamentarios, y a través de ellos a los grupos parlamentarios europeos.

La CES hace un llamamiento a la participación en la Jornada Mundial de Acción que tendrá lugar el día 7 de octubre por el Trabajo Decente, que incorporará en Europa, además de la demanda de salarios dignos, la expresión pública del rechazo de los trabajadores a la propuesta de directiva del tiempo de trabajo.

Desde aquí os animo a tod@s a participar activamente en esta iniciativa en defensa de los derechos de los trabajadores y de una Europa Social para tod@s.

Bajan las tarifas de roaming.

El uso del teléfono móvil en el extranjero deja de tener un precio abusivo.

La Comisión Europea ha establecido en el ámbito de la Unión Europea la "eurotarifa", un precio máximo por minuto que pagará el usuario, tanto cuando llama desde un móvil en el extranjero, como cuando recibe una llamada desde su país y está fuera, lo que se conoce como 'roaming' o itinerancia.

Los precios máximos de la llamada ( en los que están incluidos el coste del establecimiento de la misma) se fijarán en 49 céntimos cuando se llama desde fuera de España y en 24 céntimos cuando se recibe la llamada estando en el extranjero. El precio actualmente de estas comunicaciones varía entre un euro y 1,25 euros por minuto, según una encuesta realizada por la Comisión Europea en 2006.

La "eurotarifa", ha entrado en vigor el día 1 de Julio, y las operadoras tienen un mes para adaptarse a ella y ofrecer a sus clientes unas nuevas tarifas. Los usuarios disponemos de dos meses para optar por los nuevos contratos o seguir con los actuales. Si no lo hacemos el cambio será automático en dos meses. Dado el periodo transitorio, sugiero que las personas que vayan a viajar al extranjero a partir de Agosto, soliciten a su operadora, desde ya, la aplicación de la “eurotarifa” y aclaren el coste que van a tener los MMS y SMS.

Digo que aclaren el coste de los MMS y SMS ya que, lamentablemente, el acuerdo no contempla limitaciones de coste en “roaming” para la transmisión de datos, archivos multimedia (MMS) y mensajes de texto (SMS), ( que deberán esperar a la realización de un estudio que durará 18 meses), aunque es bien sabido que estos últimos tienen un coste casi nulo para las operadoras. Pudiendo darse el caso de que, a partir del acuerdo, cueste más enviar un SMS desde el extranjero, que realizar una llamada de voz.

Aunque nos felicitamos por la decisión de la Comisión Europea que obliga a las operadoras de telecomunicaciones a rebajar a precios más razonables las tarifas que en bastantes casos resultaban abusivas para los usuarios, seguimos echando en falta una verdadera política integral de telecomunicaciones en el ámbito de la Unión.

Si de verdad pretendemos que funcione correctamente el mercado único y se alcance la cohesión social y territorial en el seno de la Unión, resulta imprescindible la creación de una amplia red de infraestructuras básicas de telecomunicaciones que garantice el acceso y el uso de las mismas en condiciones de igualdad al conjunto de la ciudadanía.

Para ello se considera prioritaria el diseño, implantación, desarrollo y despliegue de infraestructuras públicas de telecomunicaciones, financiadas en un elevado porcentaje con fondos europeos, que tengan como características propias la neutralidad tecnológica, la accesibilidad universal y la usabilidad de las mismas, contribuyendo así a alcanzar el objetivo de hacer accesible la Sociedad de la Información a toda la ciudadanía europea.