Constitución, Justicia y Ciudadanía.

La Constitución Española de 1978 concibe a la Justicia como un poder del Estado, al que configura como un derecho y un servicio público, dirigido a materializar un derecho fundamental de la ciudadanía: la protección de los derechos y de los intereses legítimos a través de un juicio justo. Esto es, la tutela judicial efectiva.

El carácter de servicio público de la Justicia nace de su propia esencia: responder a las demandas de paz social, garantizar la confianza que los ciudadanos precisan para vivir en libertad y ejercer la autonomía personal y dar solución a los conflictos.

La Justicia es, pues, una institución crucial para definir la calidad de nuestra convivencia y la credibilidad misma del Estado Constitucional y de Derecho. En ese sentido conviene resaltar que el Gobierno Socialista ha llevado a cabo, en los últimos años, un programa de reformas destinado a ampliar los derechos de los ciudadanos, prevenir los conflictos, responder a las demandas sociales más acuciantes y dotar de medios personales y materiales a los Tribunales.

Un buen ejemplo es la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, instrumento que propicia la creación de oficinas de atención al ciudadano y a las víctimas, el establecimiento de un nuevo sistema para que el ciudadano formule de modo más ágil sus quejas y toda una serie de medidas destinadas a hacer de la Justicia algo más sencillo, eficaz y comprensible para todos y todas.

Un programa de reformas que es necesario seguir desarrollando para que, éstas, reviertan en una mayor agilidad y eficacia del servicio público de la Justicia. Un servicio público que, en un sociedad democrática, debe de organizarse con la vista puesta en la ciudadanía y, más concretamente, en todo aquello a que tiene derecho y que legítimamente espera y puede exigir de la Justicia. Pues no debemos de olvidar que el buen funcionamiento de la Justicia, la eficiencia de los tribunales, es también un imperativo y un pilar de la política social del Estado, de la igualdad de oportunidades y de la garantía de la libertad, sobre todo, para las personas más desfavorecidas.

Dicho buen funcionamiento exige el esfuerzo de todos aquellos actores a los que la Constitución dota de atribuciones y competencias en materia de Justicia y muy especialmente la plena implicación y el ejercicio de su propio ámbito de responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial. Por eso, es necesario garantizar que el Consejo General del Poder Judicial desempeñe efectivamente el papel que le corresponde constitucionalmente: gobernar el Poder Judicial para asegurar una respuesta eficiente a las demandas ciudadanas de Justicia, un derecho fundamental y un servicio público.

De ahí que resulte inadmisible, el intento de manipulación sectaria de los órganos constitucionales, en la que incide el bloqueo en el nombramiento de sus miembros. Estas conductas no sólo lesionan el prestigio y la credibilidad de los mismos. La obstrucción sistemática del mandato constitucional de renovación supone, en primer lugar, una afrenta al derecho de los ciudadanos que, además, perjudica la confianza de la ciudadanía y fomenta la desafección a las instituciones.

El fortalecimiento de la democracia pasa por que el nombramiento de las personas que deben servir a los órganos constitucionales sea concebido como una función institucional de primer orden y no como una prebenda al servicio de intereses partidarios.

La Constitución distribuye de manera especialmente compleja las atribuciones y competencias en materia de Justicia entre el Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas. En este sentido, es preciso potenciar y favorecer la cooperación leal entre las instituciones responsables de la Administración de Justicia en orden a garantizar un correcto funcionamiento de las instituciones y, de este modo, ofrecer un mejor servicio público de la Justicia.



Son muchas las tareas que se deben de afrontar para generar, cada día más, en el conjunto de la sociedad una mayor confianza en las administraciones públicas, como es el caso de la Justicia, de modo que se perciba con claridad que la ciudadanía es el centro de las ocupaciones y preocupaciones de las políticas públicas.

En ese sentido, reseñar algunas actuaciones que me parecen muy necesarias:

La excelencia en la selección de jueces, fiscales, secretarios judiciales, y demás profesionales de la Justicia, mediante la aplicación objetiva y transparente de los principios de igualdad, mérito, capacidad y suficiencia profesional.




La modernización de la Justicia, la optimización de las inversiones, los medios materiales y tecnológicos, para conseguir agilidad y rapidez en la resolución de los conflictos y para combatir la lentitud, la ineficiencia y la opacidad que, en más casos de los deseados, caracteriza al funcionamiento del sistema.

El buen funcionamiento del servicio público de la Justicia requiere de la colaboración de todas las personas que prestan su servicio en ella, de ahí que la gestión de los recursos humanos debe ser comprensible, atenta, responsable y receptiva con las necesidades que en materia de formación, capacitación, comunicación, etc. puedan plantear los profesionales de la justicia para la mejora del desempeño de sus funciones como empleados públicos.

Así mismo, favorecer la búsqueda de líneas de intervención que, a través de vías alternativas al litigio, reduzcan la “judialización” de la vida social y cotidiana.. A este respecto, se deben de potenciar instrumentos tan importantes como la Seguridad Jurídica Preventiva, la Mediación o el Arbitraje.


El vigésimo noveno aniversario de la Constitución Española de 1978, es una buena ocasión para renovar el compromiso con la ciudadanía como eje de la democracia y con la construcción de una sociedad de progreso, igualitaria, democrática, solidaria, en paz y libertad.

Ciudadanía y Sociedad que necesitan de una Justicia eficaz, ágil, próxima y moderna, propia del Siglo XXI.