Hacer de la necesidad, virtud.

En el contexto de la crisis financiera internacional que ha generado graves dificultades económicas en todo el mundo, la mayoría de los países más desarrollados se han visto obligados a intervenir mediante la aportación de ingentes cantidades de dinero público, inicialmente, para garantizar la solvencia de las instituciones financieras y posteriormente para tratar de mantener la actividad económica y el consumo y en la medida de lo posible contribuir a paliar las graves consecuencias que la pérdida del empleo supone para millones de personas.

Este extraordinario esfuerzo económico unido al fuerte descenso de los ingresos públicos, han provocado un gran impacto sobre las finanzas públicas, desequilibrándolas rápidamente de forma muy significativa, hasta tal punto, que ha obligado a una acción concertada de los países de la Unión Europea en defensa de la Unión Monetaria y de la economía de los países de la Eurozona.

Esa acción concertada, se materializa en el caso de España, con el compromiso por parte de su Gobierno, en limitar al 3% del P.I.B. el déficit conjunto de las Administraciones Públicas para el año 2013 como premisa fundamental para afianzar la recuperación económica sobre unas bases sólidas y sostenibles y “dar confianza a los mercados”.

No voy a entrar en el análisis de las medidas recientemente adoptadas (incluida la subida del I.V.A.), ni si son o no las más adecuadas para afrontar la situación, me basta con comprender que son unas medidas obligatorias, coherentes y necesarias para mostrar al resto de los países la capacidad del Gobierno de España para controlar el déficit y garantizar la solvencia del país.

Por eso, no me extraña que el PP se opusiese a ellas. Para los irresponsables dirigentes de ese partido, lo importante no es resolver los problemas de la economía española, que en su conjunto poco les importa, sino aprovechar la oportunidad de desgastar al gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

Todo ello no es óbice para que, desde una perspectiva progresista y a través del análisis racional y objetivo de los datos, las medidas adoptadas me parezcan insuficientes, en la medida que afectan mayoritariamente al gasto (reducción de 1,5 % anual cuando el déficit actual supera el 10%) y faltas de equidad, ya que hacen recaer una parte sustancial del ajuste del gasto sobre las rentas medias y bajas ( empleados públicos, pensionistas, dependientes, etc.) y que unido al incremento del I.V.A., de gran incidencia sobre la rentas bajas, pone en evidencia el olvido, en el capítulo de ingresos, de la adecuada contribución de las rentas más altas al sostén de las finanzas públicas.

En línea con estas premisas, insuficiencia de ingresos y falta de equidad, el 12 de Mayo, el Pleno de la Corriente de Opinión de Izquierda Socialista de Asturias planteaba a la Coordinadora Federal, la propuesta de que, “ por razones de equidad fiscal y de cohesión social, se hace imprescindible que el Gobierno establezca como prioridad, combatir más eficazmente el elevado fraude fiscal, que ya supera el 20% del P.I.B”.

Una propuesta que subrayo, por su gran calado social y económico, en la medida que hace especial hincapié en la necesidad de “hacer pagar a quienes debiendo pagar, no pagan” y de cuya aplicación efectiva depende, un más que sustancial aumento de los ingresos. (Sirva como referencia del crecimiento del fraude que la recaudación ha descendido en dos años (del 37% al 31% del P.I.B) volviendo a los niveles de la década de los 90.

Bajo ese planteamiento no cabe ajustar el déficit por la vía del gasto, hasta el extremo de reducir significativamente o eliminar las partidas económicas imprescindibles para financiar las obras en ejecución de las grandes infraestructuras y los proyectos y programas de I+D+i orientados al cambio de modelo productivo. No es menos cierto y en este caso más que necesario que, todo planteamiento basado en criterios generales de eficiencia debe llevar como condición inherente, la mejora en los niveles de eficiencia en la gestión de los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales.

El plantear una limitación al decrecimiento de las inversiones conlleva necesariamente, para no generar desequilibrios, a un incremento de los ingresos que entiendo más eficiente y en consecuencia, en estos momentos, más acertado, en la medida que el aumento de los impuestos, ya diré luego sobre qué y quienes, es menos contractivo que un recorte del gasto. Me explico, el sector público aumenta la demanda pública en la cuantía de lo recaudado, mientras que el "sector privado" sólo se contrae en la cuantía que se incrementa el impuesto, ya que el resto lo cubrirá un menor incremento de la tasa de ahorro.

Con este planteamiento, evidentemente, al "sector privado" al que refiero es el de las rentas más elevadas, en las que su tasa de ahorro resulta significativamente superior a la la tasa de consumo. De ahí que, la falta de equidad de las medidas, a las que me refería al principio debe corregirse, como ya queda dicho luchando eficazmente contra el fraude fiscal, para que paguemos tod@s, y aumentando los impuestos sobre las rentas y patrimonios más altas para que pague más, quien más tiene.

Dicho todo lo anterior, el reto que se plantea es ¿Cómo aumentar los impuestos sobre los patrimonios y las rentas más elevadas?, teniendo en cuenta las premisas de conseguir la suficiencia económica de las cuentas públicas y la equidad fiscal.

A medio plazo, mediante una tarea que nos incluye tod@s, generar en la ciudadanía la corresponsabilidad fiscal, hablando en plata, que “el defraudador fiscal no esté nada bien visto”. Otra tarea, esta para los legisladores y gobernantes, la profunda modificación del sistema fiscal en base a la suficiencia financiera para la prestación de los servicios públicos y la equidad fiscal de los contribuyentes, además de que, entre otras cuestiones, tenga muy presente el envejecimiento de la población.

A corto plazo y tomandor como referencia la resolución de Izquierda Socialista de Asturias - PSOE las siguientes medidas:

1. Recuperar el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo, garantizando la equidad y eficiencia del impuesto o alternativamente mediante otra figura tributaria que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria.

2. Modificación del IRPF haciéndolo más progresivo, en especial para los tramos más altos. En ese sentido parece adecuado incrementar tanto el tramo Estatal como el Autonómico, eso si, teniendo especial cautela ya que los elevados niveles de fraude lo han reducido a poco más que un impuesto sobre las rentas del trabajo por cuenta ajena.

3. Establecer un tratamiento igualitario de las rentas del trabajo y del capital, integrando los rendimientos del capital en la base general.

4. Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro y de sobreimposición para las operaciones especulativas a corto plazo.

5. Modificaciones que cierren las vías de elusión fiscal a los diversos instrumentos de inversión (Fondos, SICAV, etc) de modo que tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios y factores de riesgo.

6. Elevar la fiscalidad de las empresas con grandes beneficios y escasos niveles de reinversión. Modificar sustancialmente el impuesto de Sociedades para evitar que las rentas más elevadas lo utilicen para no pagar sus impuestos personales. Eliminar las deducciones “incentivadoras” que son sumamente onerosas para el erario público y en la mayoría de los casos de nula efectividad social.

7. Incremento de impuestos sobre las ventas de alcohol, tabaco, por sus efectos perniciosos para la salud y su incidencia en el gasto sanitario y la creación de tasas verdes o impuestos ecológicos bajo el criterio de "quien contamina paga y además repara".

8. Crear un impuesto temporal sobre los beneficios de las instituciones financieras, como causantes de la crisis y ahora beneficiarias de las ayudas públicas, o alternativamente imponer la compra de un porcentaje de deuda pública, como garantía de sus reservas y mitigar los movimientos especulativos a la vez que contribuyen al saneamiento de las finanzas públicas.

Hay pues un margen más que suficiente, ( la presión fiscal en España es del 31% del PIB frente a una media europea del 42%), para incrementar selectiva y prioritariamente la presión fiscal sobre las rentas y patrimonios más elevados, para que así, de una vez por todas, sea el conjunto de la sociedad en función de sus recursos y capacidades y por razones de equidad fiscal y de cohesión social, la que afronte solidariamente el necesario e ingente esfuerzo que es necesario realizar para dar alternativas y responder eficazmente a los grandes retos de la nueva sociedad, a la vez que se siguen manteniendo y garantizando los pilares básicos del Estado del Bienestar.

En definitiva, una buena ocasión para que el gobierno socialista haga de la necesidad, virtud.

Nota: Este articulo está basado en la resolución del Pleno de Izquierda Socialista de Asturias del 12 de Mayo de 2010.

Fotografía: El autor, junto al euro, en plena tormenta veraniega. Agosto 2009.